Las PYME, en particular, suelen ser reacias a las cláusulas contractuales de arbitraje para la resolución de controversias. Existe el prejuicio generalizado de que los procedimientos ante tribunales de arbitraje son demasiado caros en comparación con los tribunales estatales. A veces, sin embargo, esto también se debe al hecho de que, simplemente, se desconoce el desarrollo de los procedimientos de arbitraje, lo que conduce a reticencias a la hora de utilizar dichas cláusulas.

En efecto, el mundo del arbitraje no es tan fácil de comprender. Existe un gran número de organizaciones y normas de arbitraje en todo el mundo. Sin embargo, desde una perspectiva europea, unas pocas organizaciones de arbitraje están a la cabeza, sobre todo la ICC International Court of Arbitration.

Los procedimientos de arbitraje son – al menos, normalmente – más rápidos que los procedimientos ante los tribunales estatales – Las excepciones confirman la regla. Ofrecen la ventaja de que las partes contratantes son libres de elegir de antemano el idioma y el lugar del arbitraje para el procedimiento. Deben determinar el reglamento de arbitraje y pueden también, generalmente, elegir libremente el número de árbitros – lo que significa que tienen – al menos en parte –  el control de los costes potenciales de tal procedimento. Los procedimientos de arbitraje ofrecen, además, la ventaja de que son privados y, por tanto, se desarrollan en el mayor secreto posible; esto es especialmente importante si los secretos comerciales desempeñan un papel en el procedimiento y deben ser revelados. Asimismo, los laudos arbitrales solo se publican con el acuerdo de las partes. En determinadas situaciones, sin embargo, un acuerdo de arbitraje, con el asesoramiento adecuado, es prácticamente inevitable. Pues ya al celebrar un contrato, las partes deben tener en mente si el resultado de un litigio – es decir, una sentencia–  puede o debe ejecutarse y dónde. Dentro de la UE, hay menos necesidad de preocuparse por esto porque el reconocimiento mutuo y la ejecución están claramente regulados en todos los países de la UE.

Pero, ¿qué ocurre si la parte contraria está establecida en el Reino Unido o en otro tercer país? Naturalmente, antes de celebrar un contrato, debe comprobarse caso por caso cómo se regula la ejecutoriedad en caso de sentencia estatal. No siempre existe la reciprocidad necesaria para ello. La ejecución de sentencias de tribunales estatales alemanes en, p.ej., China, India o Rusia, no es posible o conlleva considerables dificultades y gastos adicionales. Por lo tanto, en la práctica, solo será tenido en cuenta el acuerdo de una cláusula de arbitraje; ya que los laudos arbitrales son más fácilmente ejecutables en el extranjero. También aquí debe comprobarse caso por caso si el Estado en el que se va a llevar a cabo la ejecución es parte del New York Convention on Recognition and Enforcement of International Foreign Awards. Sin embargo, la probabilidad es bastante alta, ya que hay más de 170 Estados contratantes en todo el mundo.