BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, sucursal en España, se ha convertido en protagonista de una sentencia que promete marcar un antes y un después en la tributación de los establecimientos permanentes (EP) para este tipo de entidades en España. La Audiencia Nacional, en su fallo de 21 de noviembre de 2024, ha rechazado el recurso interpuesto por la entidad, confirmando que la sucursal española –por estar ineludiblemente vinculada a la actividad de gestión de fondos inmobiliarios– debe tributar en territorio español y no en Alemania por las comisiones obtenidas en el ejercicio de su actividad.

El litigio se centra en el debate sobre la atribución de beneficios. La defensa argumentaba que, al externalizar la gestión a proveedores independientes, la sucursal no realizaba funciones sustantivas propias de la actividad de gestión y, por ello, sus ingresos no debían imputarse al EP en España. Sin embargo, el Tribunal Económico-Administrativo Central y, en última instancia, la Audiencia Nacional, han considerado que la externalización de servicios no exime a la sucursal de BNP España de tributación en nuestro país. Aunque parte de la actividad se realizara a través de terceros, las decisiones clave y la coordinación operativa se efectuaban desde la propia sucursal.

En esencia, la sentencia aclara que la gestión y administración de fondos inmobiliarios –actividad que implica tareas de contabilidad, valoración de activos, notificaciones legales y coordinación de inversiones– es ejercida con el personal y los recursos necesarios, tanto propios como subcontratados. Este fallo tiene importantes repercusiones en la planificación tributaria de los fondos inmobiliarios alemanes en España. En primer lugar, refuerza la potestad de España para gravar las rentas generadas por las actividades propias del asset manager, aun cuando se invoque la externalización de servicios. Además, subraya que la mera contratación de servicios a terceros no es suficiente para eludir la imputación de beneficios cuando las decisiones operativas y estratégicas se toman en la sede del Establecimiento Permanente o Sucursal.

La sentencia, además de sentar un precedente interpretativo relevante en esta materia, invita a los fondos extranjeros a revisar sus estructuras de negocio y la distribución de funciones entre los asset managers y sus sucursales. Para los contribuyentes, el caso pone de relieve la necesidad de contar con un análisis riguroso y una adecuada documentación que demuestre de forma fehaciente la independencia funcional de las actividades externalizadas en aras de evitar duplicidades fiscales y sanciones.

En definitiva, el fallo de la Audiencia Nacional refuerza la importancia de estructurar convenientemente la adquisición de activos inmobiliarios en España por parte de fondos de inversión extranjeros. Esta decisión sienta un precedente que podría influir en futuras interpretaciones por parte de la administración tributaria española y ser el inicio de inspecciones para fondos inmobiliarios extranjeros, como ya hemos visto, por ejemplo, en el ámbito del IVA para los alquileres de activos en España.