El Tribunal Supremo ha dictado sentencia confirmando la que condenaba a un notario y a su contable a penas de prisión. Tras la celebración del juicio se pudo corroborar como durante años el contable de la notaría fue el encargado de recibir las provisiones de fondos de los clientes y de la gestión económica de las escrituras, es decir, de realizar el pago de los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad de las transmisiones de inmuebles, de rellenar los modelos de autoliquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como, de efectuar su pago y realizar la correspondiente liquidación con los clientes una vez gestionadas las escrituras. Éste auxilió también al notario condenado, máximo responsable de la gestión económico-contable de la notaría, en la gestión de los ingresos y gastos de la propia notaría y en la realización de las liquidaciones mensuales del notario y del personal de la notaría.

De la prueba que fue practicada quedó probado como la gestión económico contable de la notaría durante años no siguió un patrón contable adecuado ya que no se realizaron las Cuentas Anuales ni se llevó un Libro de Caja, por lo que no era posible identificar la factura o minuta cobrada, ni tampoco determinar la entrada y salida de efectivo, ni conciliar cobros con facturas. El Libro de provisiones de fondos y suplidos tampoco se llevó correctamente lo que derivó en un absoluto descontrol en dicha gestión, dando lugar a problemas de tesorería. Por este motivo, los condenados dejaron de gestionar escrituras que ya se encontraban debidamente provisionadas y destinaron el dinero de dichas provisiones a fines distintos de aquellos para los que habían sido entregados. Los hechos delictivos salieron a luz cuando la notaría comenzó a recibir visitas de clientes que se quejaban de la falta de inscripción de sus escrituras o por haber recibido requerimientos de Hacienda, reclamándoles el pago de los impuestos no declarados o declarados fuera de plazo, con las correspondientes sanciones, recargos e intereses.

Por lo expuesto, el Tribunal Supremo confirmó la condena dictada por el Tribunal enjuiciador de modo que el notario resultó condenado como autor de un delito de apropiación indebida y falsedad documental a un año y medio de cárcel y también por un delito de estafa a seis meses de prisión, y ello a pesar de que antes de la condena ya había devuelto el importe defraudado. El Tribunal también condenó a su empleado, es decir, al contable por un delito de apropiación indebida y falsedad documental a la pena de un año de prisión y ello a pesar de que también éste devolvió el dinero defraudado.