El Tribunal Supremo, en una sentencia de 21 de diciembre de 2015, ha sentado una importante doctrina jurisprudencial, que pondrá, de nuevo, contra las cuerdas a las entidades bancarias.

El Tribunal interpreta un precepto de una ley preconstitucional (la 57/1968), que ha estado en vigor hasta 1 de enero de 2016. Dicha ley contemplaba la obligación del promotor de asegurar, al cliente que anticipa cantidades a cuenta del precio final de una vivienda, a reintegrarlas, en caso de no entrega de la vivienda en plazo. La garantía se obtenía principalmente mediante un aval o seguro, que el promotor debía facilitar al cliente, “bajo la responsabilidad” (según la Ley) de la entidad financiera donde se depositaban los fondos anticipados. El Supremo ha precisado que dicha “responsabilidad” implica un “deber de vigilancia” y la consiguiente corresponsabilidad del banco, en el caso de que el promotor no abriera una cuenta especial y proporcionara al cliente el aval o seguro. En definitiva, el enérgico e imperativo sistema protector de los compradores dispuesto por la Ley 57/1968 alcanza también a las entidades donde se depositaron las cantidades avanzadas por los clientes.

Se trata de una sentencia muy trascendente, que confirma otros pronunciamientos del Tribunal Supremo de 2015 en el mismo sentido. A partir de ahora, en los casos de concurso de acreedores del promotor, o desaparición de facto, sin entrega de la vivienda, el cliente que no disponga de garantía no quedará ya desprotegido. Podrá accionar frente a la entidad bancaria y recuperar su dinero. El fallo abre la puerta a reclamaciones masivas (“class actions”), que agrupen a conjuntos de afectados por la crisis inmobiliaria en España (muchos de los cuales serán extranjeros) contra los bancos que la financiaron.