Después de estimar en enero la medida cautelar solicitada por el FC Barcelona contra la decisión de LaLiga y de la Federación (RFEF) de no dejar participar a Dani Olmo y Pau Víctor en partidos de LaLiga, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado mediante resolución del 3 de abril 2025 de forma definitiva el recurso de los jugadores y del club.  

Lo primero que llama la atención es que el CSD ha tardado casi tres meses en emitir su decisión en un asunto tan importante, polémico y de gran interés mediático. Si bien es cierto que no se puede reprochar a un organismo el aprovechar al máximo los plazos, en este caso tan polémico y de gran influencia para la competición hubiera sido preferible ofrecer una decisión antes. Sobre todo, teniendo en cuenta que el CSD no basa su decisión en argumentos de derecho material, sino solamente en fundamentos formales.

En concreto, el CSD se basa en “la incompetencia de la Comisión de Seguimiento para decidir acerca del visado previo, así como de la licencia solicitada por el FC Barcelona”. Para entender esta frase, es importante saber que las licencias se otorgan por la RFEF, previo visado de LaLiga una vez confirmado que se cumplen los requisitos de control económico y, que la Comisión de Seguimiento es una comisión mixta de la RFEF y de LaLiga. Como justificación de su decisión, el CSD añade “en Derecho, tan importante es el fondo y la justificación material de las decisiones, como las formas, los procedimientos y las competencias”.

Sin conocer el expediente, no deja de sorprender que una resolución sobre un tema tan importante como es el control económico que protege un valor fundamental como es la competición justa, se base solamente en un argumento formal, dejando así sin efecto toda la labor de control y revisión ejercitada por LaLiga. Teniendo en cuenta, además, que los organismos que tienen que tomar la decisión sobre conceder o no las licencias, la RFEF y LaLiga, son las únicas partes de la Comisión que han adoptado la decisión. El CSD no pone en duda que la RFEF y LaLiga hayan tomado la decisión, sino que la Comisión no es competente. Incluso hila más fino, y da a entender que, si la Comisión no hubiera adoptado el acuerdo, si no hubiera confirmado o ratificado otros acuerdos, la decisión hubiera sido válida, lo cual no es comprensible, ya que quien no tiene competencia para acordar, tampoco la tiene para ratificar.

En resumen, el control económico es fundamental para garantizar una competición justa, LaLiga ha indicado que en el momento decisivo no se han cumplido con los requisitos y los organismos competentes, RFEF y LaLiga, han tomado la decisión de no tramitar las licencias. Invalidar este trabajo y las decisiones en base a argumentos meramente formalistas es al menos discutible.