Los procedimientos en primera instancia ante un tribunal regional tuvieron una duración media de 11,4 meses en 2021. Esto es tolerable en el contexto internacional, pero en realidad la media de tiempo aumenta desde 2012. Entonces duraba un procedimiento “sólo” 8,2 meses. Los motivos son objeto de debate. No obstante, el aumento del número de casos no es la causa, ya que están disminuyendo al menos en la jurisdicción civil.

Existen otras dos razones que probablemente sean responsables de ello: La primera de ellas es la demografía del cuerpo judicial. También éste tiene que luchar con la jubilación de la generación del  “baby-boom” y la falta de jóvenes talentos. Por otro lado, está la profesionalización y digitalización de los despachos de abogados especializados en la defensa de los derechos de los consumidores. Mediante el uso de Legaltech, éstos pueden llevar a cabo acciones colectivas ahorrando recursos, los tribunales tramitan estos procedimientos mayoritariamente sin asistencia técnica.

Existe consenso de que esta circunstancia no sólo es irritante, sino que cuestiona seriamente la eficacia de la administración de justicia. Las posibles soluciones son objeto de debate. El grupo parlamentario CDU/CSU ha contribuido a dicho debate con una solicitud al Bundestag en la que presentan once medidas individuales (impreso 20/5560). Sin embargo, cabe la duda de que estas medidas atajen realmente la raíz del problema.

Nueve de las once medidas se refieren exclusivamente a las acciones colectivas. Por ejemplo, se prevé la posibilidad de lograr que los tribunales superiores aclaren cuestiones esenciales lo antes posible (nº 1) o de suspender el procedimiento hasta que los tribunales superiores las hayan aclarado (nº 3) o dar instrucciones a los abogados para que presenten sus alegaciones con una estructura determinada o limiten su alcance (nº 4).

La abogacía no debería alegrarse especialmente de esta medida. El personal y el equipamiento técnico del poder judicial se han descuidado durante años. El grupo parlamentario CDU/CSU considera que los bufetes de abogados que se han mantenido al día y se han modernizado tecnológicamente deberán ahora refrenarse y esperar meses o años a una decisión de los tribunales superiores mientras se suspenden sus propios procedimientos.

Aunque la propuesta también menciona equipar al poder judicial con instrumentos de IA (nº 11), la propuesta del grupo parlamentario no se centra en armar a los tribunales, sino en desarmar a los despachos de abogados. Cabe preguntarse si ello redunda en beneficio de la tutela judicial efectiva y, por ende, de los ciudadanos; un poder judicial excelentemente equipado digitalmente y en términos de personal sí que podría ser beneficioso.