Tribunal Regional de Bonn (LG Bonn), sentencia de 30 de abril de 2026 – 15 O 32/22

El demandante, administrador concursal del patrimonio de un deudor condenado en varias ocasiones por estafa, reclamaba al demandado la restitución de bitcoins (BTC) al amparo del artículo 143, en relación con los artículos 129 y 133 de la Ley alemana de Insolvencia (Insolvenzordnung, InsO). En 2018, el deudor había transferido una cantidad considerable de BTC a una dirección de wallet que el demandado le había comunicado previamente. Este negó ser titular de dicha wallet y alegó que se había limitado a reenviar la dirección de un tercero con el que el deudor pretendía formalizar una operación de inversión.

El Tribunal Regional de Bonn precisó que una pretensión de restitución conforme al artículo 143 InsO exige acreditar que el demandado adquirió el poder efectivo de disposición sobre los BTC controvertidos. Desde un punto de vista técnico, la atribución de una wallet de Bitcoin se determina exclusivamente por la denominada private key o clave privada: únicamente quien la posee puede disponer de los tokens asociados. No existe un registro centralizado que permita vincular una persona con una wallet a partir de datos de usuario almacenados. Por ello, tampoco cabe una atribución indirecta.

El tribunal rechazó la prueba indiciaria (Anscheinsbeweis) invocada por el demandante, basada en que el demandado había facilitado la dirección de la wallet. Según jurisprudencia consolidada, dicha prueba solo resulta aplicable a cursos causales típicos, pero no a hechos reales como la titularidad de una wallet. Dado que terceros también pueden disponer de la clave pública (public key), su comunicación no permite inferir necesariamente que quien la transmite sea su titular. El deudor concursado, propuesto como testigo principal, eludió de forma continuada su declaración pese a haber sido citado en varias ocasiones. El tribunal lo calificó como inlocalizable.

Asimismo, otras posibles bases jurídicas de la reclamación —como las derivadas del enriquecimiento injusto, la responsabilidad extracontractual o los derechos reales— también decayeron por no haberse acreditado la efectiva recepción de los BTC por el demandado. El Tribunal Regional de Bonn desestimó íntegramente la demanda.

Perspectivas

La sentencia pone de manifiesto los problemas probatorios específicos que plantean los criptoactivos: el carácter descentralizado de la blockchain y el sistema de claves públicas y privadas dificultan considerablemente la atribución de wallets a personas físicas con eficacia probatoria en sede judicial. En la práctica concursal, esto implica que los administradores concursales se enfrentarán, por regla general, a importantes obstáculos probatorios para recuperar criptoactivos cuando no dispongan de prueba técnica fiable, en particular de acceso a las claves privadas o de datos de dispositivos preservados mediante técnicas forenses.
Existe una necesidad de actuación legislativa para reforzar las obligaciones de identificación y transparencia aplicables a los titulares de criptomonedas —por ejemplo, en el marco del Reglamento europeo MiCA— y mejorar así su trazabilidad en caso de insolvencia.