El 29 de enero de 2016 la Audiencia Provincial de Baleares decidió autorizar la acción popular contra la infanta Cristina de Borbón.

Aparte de la posición destacada de las personalidades implicadas, parece que se trata de una situación estándar de la retirada ilegal de fondos por una institución sin ánimo de lucro. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial de Baleares es interesante, ya que complementa la jurisdicción sobre la acción popular.

El Tribunal Supremo decidió inicialmente en la sentencia Botín de 2007, que una causa debía ser sobreseída en el caso de que tanto la Fiscalía como el perjudicado no solicitaran la acusación. En 2008, sin embargo, el Tribunal complementó esta interpretación con la sentencia Atutxa: En ausencia de un perjudicado en concreto, la actuación en solitario de la acusación popular permitiría la apertura del juicio oral. Esta doctrina Atutxa fue validada por el Tribunal Constitucional en 2013.

En el procedimiento actual la Audiencia Provincial de Baleares criticó la sentencia Botín y siguió la Doctrina Atutxa. Además, decidió que en un deli-to fiscal no hay un único perjudicado que vaya a ser representado por la Hacienda Pública Estatal, sino que también existe un interés público referido a una acción popular. Todo ello permitiría considerar que la actuación de la acusación popular contra la infanta adquiere legitimidad.

Después de inicialmente limitar sustancialmente el alcance de la acción popular, se puede observar entonces que, la jurisprudencia penal se defiende ante la posibilidad de solicitar una revisión judicial de la penalidad de actos, incluso sin la voluntad de la Fiscalía y de otros representantes del Estado.