Alemania da un paso más en su objetivo de conseguir una sociedad inclusiva en la que las personas con discapacidad puedan llevar una vida completamente autónoma. El 28 de junio de 2025 entrará en vigor la ley de accesibilidad alemana (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz), que regula los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios y elimina las barreras de acceso a la información y la comunicación. Esta Ley tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico alemán la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios.

Conforme a esta norma, los teléfonos móviles, las tablets, los ordenadores, los libros electrónicos, los televisores con acceso a internet, los cajeros automáticos y las máquinas expendedoras de billetes deberán ser, entre otros, productos más accesibles para las personas que tengan discapacidad. Además, en lo que respecta a los servicios, se exigen unos requisitos de accesibilidad a los servicios de acceso a Internet, servicios telefónicos, servicios de mensajería, servicios de transporte, servicios bancarios y comercio en línea, entre otros.

A efectos de garantizar el nivel de accesibilidad se imponen a fabricantes y proveedores de servicios una serie de obligaciones que deben de cumplir, aunque se contemplan excepciones para aquellos casos en los que pueda producirse una carga económica desproporcionada. Además, se establecen ciertos mecanismos de control, que permiten, incluso, que los consumidores puedan informar de posibles incumplimientos a las autoridades de vigilancia de mercado, para que se inicien los procedimientos correspondientes.

Sin duda, ello supone un avance en la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad, por lo que cabe esperar que la demanda de estos productos y servicios sea elevada a partir de 2025. Mas aún si tenemos en cuenta las previsiones sobre el importante crecimiento del número de personas con discapacidades relacionadas a la edad.

Por tanto, las empresas deben empezar ya a evaluar sus productos y, en caso de que sea necesario, realizar las modificaciones que se consideren convenientes para garantizar la accesibilidad requerida legalmente. Lo mismo se aplica para los proveedores de servicios.