El Consejo General del Poder Judicial hizo público el pasado mes de diciembre un informe por el que concluyeron que los tribunales españoles resolvieron durante el tercer trimestre de 2018 un total de 1.209.693 asuntos, es decir, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Este análisis realizado por jurisdicciones permitió concluir el aumento tanto de los asuntos ingresados como de los resueltos en todas las jurisdicciones salvo en la Penal.

Sin perjuicio de lo anterior, la tasa de litigiosidad en España sigue siendo la más alta de la Unión Europea. En concreto, en el conjunto del Estado fue de 28,7 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (con 38,3 asuntos por cada 1.000 habitantes), Islas Baleares (con 32,8), Andalucía (con 32,7), Asturias (con 29,9), Cantabria (con 29,8) y Comunidad Valenciana (con 29,2). Por otro lado, las que menos tasa de litigiosidad mostraron fueron La Rioja (19,5), el País Vasco (20,38) y Navarra (21,37).

Esta situación quedó reflejada el pasado año mediante la convocatoria de múltiples concentraciones de asociaciones de jueces y magistrados. Desde hace años estas asociaciones vienen alegando que la Justicia atraviesa una situación crítica, pues consideran que la Justicia se encuentra anticuada y obsoleta y resulta insuficiente y lenta. Para resolver estos problemas y carencias, reclaman la creación de nuevos órganos y un mayor presupuesto para poder modernizar y dotar de medios materiales a la Justicia.

En conclusión, si tenemos en cuenta que en el 2017 España era el tercer país de la OCDE con mayor litigiosidad, podemos entender que las reivindicaciones de inversión para la mejora de la Justicia reclamadas son esenciales para reducir la elevadísima litigiosidad que presenta España.