Recientemente hemos sido testigos de cómo la opinión pública ha criticado abiertamente una decisión judicial. Nos referimos a la controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona sobre un polémico asunto de abuso.

Sobre esta sentencia se han manifestado también los jueces y fiscales, quienes han expuesto su respeto por las decisiones judiciales y por el sistema de recursos frente a estas decisiones. Sin perjuicio de lo anterior, también han reconocido que la formación que han recibido sobre temas de género resulta insuficiente. Por último, el gobierno, a través del Ministro de Justicia, manifestó su voluntad de proceder a realizar un estudio sobre la posible reforma del Código Penal.

Recordemos que el Código Penal español tiene 23 años y desde entonces ha experimentado 30 reformas. La última hace tan solo tres años, por la que se introdujeron una multitud de modificaciones. Sin embargo, y pese a las múltiples reformas experimentadas en el Código Penal hasta la fecha ninguna de ellas había afectado a los delitos contra la libertad sexual, con lo que su regulación era la misma desde que se aprobó el Código Penal en el año 1995.

En definitiva, en esta ocasión se observa cómo ha sido la opinión publica la que ha conseguido movilizar a los poderes públicos para conseguir un cambio legislativo que se adapte a los tiempos presentes; reforma que deberá en todo caso respetar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. Tendremos todavía que esperar un tiempo para conocer el contenido de esta nueva modificación tan demandada.