La creación de sistemas de detección y prevención del incumplimiento de normas penales o regulatorias (compliance) se ha convertido en una práctica habitual en las grandes y medianas empresas españolas. Estos sistemas de compliance constituyen protocolos que acreditan una correcta actuación con asesoramiento e información suficiente, y reflejan una diligente gestión de la empresa. Además, son un requisito ineludible – aunque no suficiente– para evitar o atenuar la responsabilidad por la infracción de normas en materia de competencia, o, incluso en el ámbito penal, dado que el nuevo Código Penal español extiende la responsabilidad criminal también a las personas jurídicas.

Para una mayor efectividad, es de gran importancia adaptar los sistemas de compliance a la estructura, el tamaño y el sector de actividades propio de cada empresa. En este sentido, como primer paso habrá que realizar un mapa de riesgos para identificar aquellos en los que pueden producirse con mayor probabilidad un incumplimiento de normas penales o regulatorias. Otra importante medida suele consistir en implementar protocolos relativos a los procesos de adopción de decisiones y acuerdos sociales que permitan un control efectivo de los mismos. Otro útil instrumento en el ámbito del compliance consiste en establecer canales de denuncia (whistleblowing), que ofrecen la oportunidad de informar sobre incumplimientos en la compañía a través de un órgano independiente.

A la vista de lo expuesto, las empresas han incrementado la demanda de asesoramiento legal en el ámbito del compliance, lo que permite un asesora-miento en esta materia cada vez más elaborado y sofisticado por los despachos de abogados versados en esta materia.