Hace ya más de un mes que se decretó el estado de alarma con lo que ya es posible deducir cuales han sido los primeros efectos surgidos en el ámbito penal durante esta novedosa situación en la que se encuentra España. 

En primer lugar, el parón de la Justicia ha supuesto el cese de la actividad judicial habitual. Por este motivo, los procedimientos judiciales y pleitos se encuentran ahora en “stand-by” al haberse decretado la suspensión e interrupción de los plazos procesales. Por lo tanto, y a modo de ejemplo, el plazo para presentar un recurso frente a una sentencia se encuentra paralizado.  En el ámbito penal, en concreto, en la fase de instrucción, como regla general, se han suspendido todas aquellas actuaciones de investigación declaradas como no urgentes. Los juicios han resultado suspendidos también. A su vez, el decreto de alarma ha supuesto para el ámbito penal la interrupción de la prescripción de los delitos y de las penas efectivamente impuestas tanto a empresas como a particulares. El temor a la paralización total de la Justicia ha provocado que en los últimos días se hayan adoptado medidas concretas para evitar un futuro colapso en los Juzgados. Así, ya es posible la presentación de escritos ante los juzgados. También, y ante la ausencia de un sistema propio que permita la realización de videollamadas, algunos tribunales penales han apostado por utilizar sistemas de videoconferencias empleados por la propia ciudadania. 

En segundo lugar, las empresas se han visto también afectadas directamente, en concreto, porque el confinamiento decretado derivado del estado de alarma ha obligado a la mayoría de ellas a modificar precipitadamente sus rutinas y procesos internos para adaptarse al teletrabajo. Este cambio de modelo de trabajo enfocado en el uso de internet y en las nuevas tecnologías ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de muchas empresas en cuestiones de seguridad. Vulnerabilidad que, sin embargo, ha sido aprovechada por los “hackers” o ciberdelincuentes. Por este motivo, en las últimas semanas se ha detectado un desplazamiento de las actividades delictivas al ámbito digital en el entorno empresarial, en concreto, mediante la comisión de delitos utilizando nuevas tecnologías. Este tipo de delitos ha sufrido un incremento exponencial que ha derivado en un aumento progresivo y sin precedentes de denuncias presentadas por delitos de estafas cometidas a través de internet mediante usurpaciones de identidad y ciberataques a mercantiles. Situación que parece no va a cambiar y que constituye una confirmación de que la mayoría de las estafas y  delitos patrimoniales se consumarán en el futuro en el ámbito virtual a través de las nuevas tecnologías.