Sentencias judiciales en el ámbito de las fusiones y adquisiciones existen pocas, dado que las partes de un contrato de compraventa de una empresa suelen excluir la competencia de los tribunales estatales para el caso de un conflicto, acordando en su lugar una cláusula arbitral. Ello se base en dos motivos: Por una parte, así las partes pueden nombrar a árbitros expertos de la materia y, por otra parte, las partes pretenden mantener confidencial cualquier conflicto en relación con una compraventa de empresa. Tal confidencialidad sí queda garantizada ante un tribunal arbitral, sin embargo, no está garantizada ante los tribunales estatales, ya que los procedimientos ante los últimos tienen carácter público.

En concreto se trata de la sentencia del 3.12.2020 –expte. 23 U 5742/19– del Tribunal Superior de Múnich, tratando el siguiente caso: Dentro del marco de la negociación de una transacción, el vendedor aseguró al comprador que la empresa en venta realizaría un “return of investment muy rápido”. En realidad la empresa ha sufrido desde siempre pérdidas y retrasos en pagos. Sin embargo, el vendedor anunció en las negociaciones “unos beneficios importantes” pare el futuro. Pocos meses después de la firma de la transacción, se abrió un procedimiento concursal sobre los bienes de la empresa vendida. Ya antes los compradores impugnaron la vigencia del contrato de compraventa por engaño doloso, afirmando que el vendedor les ocultó la crisis económica y persistente de la empresa.

El Tribunal Superior de Múnich confirmó que el vendedor de una empresa queda obligado a informar al comprador de todas las circunstancias de peso que se pueden entender como señales para una crisis de la empresa, incluso para el caso que el comprador no lo consulte al vendedor. Estas circunstancias a revelar incluyen, a modo de ejemplo, retrasos de pago importantes, reclamaciones de cantidad y falta de liquidez. Del mismo modo el vendedor tiene que informar al comprador de pérdidas constantes de la empresa.

El tribunal efectivamente declaró nulo el contrato de compraventa, ya que el vendedor engañó dolosamente a los compradores referente a la situación económica de la sociedad, tanto por fingir circunstancias no existentes como por ocultar informaciones a pesar del deber de informar debidamente a los compradores. En una compraventa de empresa al vendedor le corresponde la obligación esencial de informar a la parte compradora, ya que la misma no tiene acceso a la empresa y por ello le resulta difícil de valorar a la misma. El deber de informar abarca todas las circunstancias que significan un peligro en la continuidad de le empresa. Por lo tanto, el vendedor debe informar al comprador de forma completa y fiel de cualquier detalle que puede significar una crisis económica de la empresa en venta.

La sentencia del Tribunal Superior de Múnich tiene una relevancia práctica importante. Aunque en un contrato de compraventa de una empresa se suele excluir la aplicación del régimen legal de saneamiento y, por lo tanto, también el derecho de rescindir el contrato, tal exclusión no tendrá efectos en caso de una actuación dolosa del vendedor.