Que la inteligencia artificial va a revolucionar casi todas las profesiones y por tanto también la jurídica, ya no es una declaración revolucionaria, ni mucho menos. Pero los peligros o riesgos de la inteligencia artificial (en adelante IA), todavía son muchos. 

Existe una discusión cada vez más intensa en los ámbitos legales sobre si la buena praxis jurídica exige a los abogados que usen la IA para asesorar a sus clientes. No estamos por tanto hablando de que usar la IA sea conveniente, sino de si su uso es obligatorio para un abogado y el no usarla y trabajar de forma “tradicional” constituye una negligencia que puede llevar a la responsabilidad profesional. Si la IA, se señala, puede ser más eficiente que nuestro cerebro, ¿no le debemos a nuestro cliente su uso?

A día de hoy esto sigue siendo una discusión meramente teórica, puesto que lo cierto es que la IA, muy especialmente en temas legales, todavía plantea muchos problemas de inexactitudes o de uso correcto. 

Uno de ellos, en materia procesal, que es la nuestra, es que los jueces la usen para dictar sus sentencias. Ello contraviene las obligaciones legales del juez, que debe ponderar personalmente las pruebas. En este sentido, el Consejo del Poder Judicial sancionó a un juez con una multa de 1.000 euros por haber dictado una sentencia mediante ChatGPT. Los jueces pueden ayudarse de la IA, pero no sustituir su criterio personal, por el de la IA. 

Más curioso resulta el caso de un abogado que recientemente fue sancionado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por citar varias sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional que la IA se había inventado. El Tribunal se refirió a este problema como un tema cada vez más común y que por tanto debía ser conocido por el abogado. Lo llamó el problema de “las alucinaciones de la IA”, que nos parece un término apropiado. 

No es la primera vez que saltan a la opinión pública situaciones similares en las que un abogado cita sentencias inexistentes que la IA sencillamente se ha inventado (o para ser más exactos, ha sacado de alguna página web que se las había inventado). El tema no es solo español, pero otros juzgados españoles han sancionado por este motivo o al menos han iniciado expedientes que han cerrado ante la petición de disculpas de los letrados. 

Pero lo más original del caso canario es la sanción impuesta por el tribunal: multa de 840 euros.
¿De dónde ha salido una cantidad tan curiosa? El Tribunal ha repasado lo que cuesta una suscripción a una IA cerrada netamente legal. El precio medio de una suscripción es de 70 euros mensuales u 840 euros al año, importe final de la sanción. 

Independientemente del caso concreto, que esta curiosa resolución nos sirva a todos para procurar estar al día en estas materias, si es que ello es posible dada su evolución exponencial. Pero esa es evidentemente una discusión distinta.